La cerradura de la traición: cómo perdí mi casa por confiar… y cómo la justicia me falló

R.C. es un propietario de Oviedo. Alquiló su piso con buena fe, confiando en una pareja joven que parecía honesta, educada y solvente. En cuestión de meses, pasó de tener un inquilino agradecido a enfrentarse a un plan calculado, una encerrona con tintes de estafa, la colaboración errónea de la propia policía… y un sistema judicial que, aún reconociendo su verdad, lo ha dejado atrapado.

Ésta es su historia. Una historia que comienza con una llave… y acaba con una cerradura reventada y una vida destrozada.

De la confianza al engaño

Tras una buena experiencia con una inquilina anterior, madre trabajadora que cuidó el piso y dejó incluso el parquet más brillante, R.C. se topó en mayo de 2023 con una pareja joven: 26 y 36 años, elegantes, amables, “hombre de palabra” y “avalista con nómina”. Venían de Gijón. Él trabajaba en B para no perder ayudas. Ella, nóminas supuestamente en regla.

Mostraban extractos bancarios, hablaban con educación. “Queremos rehacer nuestra vida”, dijeron. “No te defraudaremos.” Pagaron por adelantado dos meses de fianza y otro extra “por buena voluntad”. Hasta ofrecieron más, que R.C. rechazó por ilegal. Pero la trampa ya estaba en marcha.

En julio 2023 empezaron los problemas: retrasos en el pago, excusas, ruegos. “Una urgencia inesperada”. “El cajero no me da dinero”. “Perdón, te mentí con mis hijos, pero siempre pago”. R.C., ya desconfiado, aceptó firmar un documento: si en dos meses no se ponía al día, devolvería las llaves. Incluso le entregó una copia de la llave y permiso por escrito para entrar si incumplía.

Fin aparente… principio del infierno

En diciembre 2023, el contrato se rescinde oficialmente. Se firma un acta de entrega de llaves. El piso queda algo dañado, pero asumible. R.C. cree haber salido del agujero. El 2 de enero 2024 entra a limpiar y cambiar la cerradura para ponerlo en alquiler. Le avisa por WhatsApp para que recoja sus cosas. No recibe respuesta.

Pero de pronto: golpes en la puerta, gritos, amenazas. Era el exinquilino, exigiendo entrar. “Sigo viviendo aquí”, decía. R.C. duda, pero no abre. Llama a la policía. Grave error.

Llega la policía. R.C. les muestra todo: el acta firmada, las bolsas con objetos personales que el exinquilino había dejado. Todo parecía claro. Pero uno de los agentes, el que parecía al mando, duda.

—“Muéstreme ese documento”, exige.

—“No puedo entregarlo, es valioso y no me fío de él”, responde R.C.

—“O me lo da o pasa la noche en el calabozo.”

R.C., temblando, llama a su abogada. No contesta. Su hijo y el cerrajero están abajo. Le escuchan por teléfono. Finalmente entrega el documento. El agente se lo queda. R.C. sale del portal humillado, sin llaves, sin derechos.

Al día siguiente, R.C. acude a comisaría. El agente de guardia, más amable, le devuelve el documento. “Mis compañeros se equivocaron”, le dice. Pero cuando redactan su declaración, el relato no refleja su versión. “Es un resumen”, le aseguran. Él presiente que le están preparando otra encerrona.

Descubre que el exinquilino lo ha denunciado por coacción y falsedad documental. Asegura que la firma del acta es falsa. Pero ante el juez no se atreve a negar que sea suya. Cambia su versión: “Lo que falsificó fue la fecha”. La primera citación no se presenta. En la segunda ya ha conseguido lo que buscaba: quedarse con el piso… y que la policía le abra la puerta.

La justicia, lenta y tibia

R.C. cambia de abogado. Presenta denuncia criminal contra el exinquilino y contra la policía. Cree que será fácil: estaba dentro del plazo de 5 días para recuperar la vivienda por ocupación ilegal. Pero no hay desahucio. No hay urgencia. No hay justicia.

Lo absurdo sigue: la denuncia falsa del exinquilino avanza rápido, en dos meses. La suya, la de verdad, llega tarde. Ni siquiera la juez la conocía el día del juicio. Se suspende. Nuevo aplazamiento.

En junio de 2024, la juez por fin le da la razón: reconoce que R.C. tenía derecho a cambiar la cerradura. Pero no menciona la actuación policial. Ni castigo, ni indemnización, ni desahucio exprés. Le dice que acuda a la vía civil.

¿Y ahora qué?

El exinquilino recurre. El 20 de noviembre de 2024 se desestima. Fin de la vía penal. Pero como se declarará insolvente, R.C. sabe que no verá ni un euro.

Propone al abogado demandar al Estado o a la policía, por error en la intervención. Se acoge al artículo 106* y 121* de la Constitución, que obligan a indemnizar por daños causados por la administración. El abogado dice que “esa vía está cerrada”. Que vaya por desahucio por precario.

R.C. pide una segunda opinión. Descubre más: el inquilino usó sus datos para cambiar una cerradura mediante Mapfre. Más denuncias, más errores policiales. Un juicio rápido mal tramitado por la policía impide que prospere la denuncia. Todo mal. Todo siempre contra el que cumple la ley.

Un año después, aún atrapado

Junio de 2025. Nada se ha resuelto. La vía civil comenzó el 14 de enero. El expediente duerme en el Juzgado de Primera Instancia nº12 de Oviedo desde el 16 de mayo. Sin fecha, sin juicio, sin esperanza.

—“Cuando ellos denuncian, el sistema corre. Cuando lo haces tú, te ignoran.”

—“Si faltas tú, pierdes el juicio. Si faltan ellos, se les busca.”

—“El último decreto protege a quien cobra menos de 1800 €. Animan a no pagar, amenazan con embargar a quien tiene la casa vacía y castigan al que actúa legalmente.”

CONCLUSIÓN:

R.C. es un ciudadano que alquiló legalmente su vivienda. Que firmó un contrato, un acta de entrega, que llamó a la policía y fue arrestado simbólicamente por defender su propiedad. Hoy vive sin piso, sin ingresos, sin justicia.

¿Quién le devuelve este año perdido? ¿Quién paga el lucro cesante? ¿Quién asume la culpa de lo que hizo mal la policía, lo que ignoró la juez y lo que usó como escudo un okupa profesional?

¿Te ha pasado algo parecido?

En APROVIJ queremos visibilizar cada historia. No estás solo. Escríbenos. Publicaremos tu relato, con tu nombre o de forma anónima. Porque ya basta de callar mientras otros usan la ley para abusar.

La cerradura de una casa no puede ser el inicio de una condena para el propietario.

*Artículo 106 CE

La Administración Pública debe responder ante los tribunales por cualquier acto que vulnere derechos o cause daños a los ciudadanos.

Esto significa que si un funcionario público (como la policía) actúa de forma negligente o indebida, el Estado está obligado a responder y reparar el perjuicio causado.

* Artículo 121 CE

El Estado debe indemnizar a quienes sufran daños por errores judiciales o por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

En otras palabras: si un juez, juzgado o proceso judicial comete errores graves o dilaciones injustificadas que te perjudican, el Estado debe compensarte.