27 de enero: cuando el escudo social se paga con casas ajenas

El 27 de enero el Congreso de los Diputados vota la prórroga del Real Decreto 11/2020, conocido como decreto antidesahucios.

Un decreto que nació como una medida excepcional y temporal en marzo de 2020 y que, casi seis años después, se ha convertido en un parche permanente que no soluciona el problema de la vivienda y sí genera un daño profundo y acumulado.

Lo que se pretende votar no es una protección social.

Es la continuación de un modelo fallido que traslada al ciudadano particular una responsabilidad que corresponde al Estado.

Un decreto que no construye, no paga y no soluciona

Durante estos casi seis años, el RD 11/2020:

• No ha creado vivienda pública.

• No ha generado alternativas habitacionales reales.

• No ha resuelto la emergencia de acceso a la vivienda.

Lo único que ha hecho es paralizar desahucios y bloquear viviendas privadas, obligando a miles de pequeños propietarios a convertirse, por decreto, en escudo social obligatorio, sin compensación efectiva, sin plazos claros y sin horizonte temporal.

Esto no es política social.

Es externalizar el coste del fracaso público a ciudadanos concretos.

El efecto real: menos vivienda, más exclusión y precios más altos

La consecuencia directa de esta inseguridad jurídica es conocida y medible:

• La vivienda se retira del mercado.

• La oferta disminuye.

• La escasez aumenta.

• Los precios suben.

Y aquí cae una de las grandes mentiras del relato oficial:

este decreto no solo perjudica al propietario.

El gran olvidado: el inquilino honrado

El RD 11/2020 también expulsa del mercado al inquilino honrado.

A quien trabaja, cumple, paga y no encaja en los criterios administrativos de “vulnerabilidad”, se le somete a castings de alquiler, requisitos imposibles y desconfianza permanente.

No se le protege: se le descarta.

El mensaje implícito es perverso:

cumplir no garantiza acceso a vivienda;

incumplir puede blindarte.

Así, el decreto castiga al que cumple y premia al moroso de siempre, rompiendo la convivencia y enfrentando artificialmente a propietarios e inquilinos, cuando ambos son víctimas del mismo problema: la ausencia de una política pública de vivienda real.

El chantaje del decreto ómnibus

A pesar de este balance, ahora se pretende prorrogar el decreto un año más, además vinculándolo a un decreto ómnibus, impidiendo un debate y una votación diferenciada sobre una medida que está causando un perjuicio grave y continuado.

Eso no es gobernar.

Eso es chantajear políticamente: o tragas el paquete entero o te acusan de insolidario.

Pero votar sí o abstenerse no es neutral.

Es asumir conscientemente que miles de pequeños propietarios sigan pagando en solitario una política pública fallida, mientras el inquilino honrado sigue fuera del sistema.

Lo que se vota el 27 no es un decreto: es un modelo

El 27 de enero no se vota solo una prórroga.

Se vota si el Estado sigue:

• sin construir vivienda pública,

• sin asumir el coste presupuestario de la protección social,

• sin ofrecer soluciones estructurales,

y utilizando la propiedad privada como colchón social gratuito.

Desde APROVIJ creemos que votar NO no es dejar desprotegidos a los vulnerables.

Es exigir políticas reales: vivienda pública, recursos propios y soluciones estructurales, no parches que cronifican el conflicto.

Por eso el 27 de enero estaremos frente al Congreso de los Diputados, desde las 11:00 h y hasta que finalice la votación.

Para que se vea lo que llevan años ocultando.

Para que caigan las caretas.

Para que quede claro que el silencio ya no es una opción.

Porque si no se nos ve, lo prorrogan.

Y ya está bien de seguir pagando la fiesta de otros.